Buenos Aires fue sede del V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito 

El Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito se reunió en Buenos Aires para celebrar su V Encuentro en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad que hasta ese momento ejercía la presidencia pro tempore del espacio a través de su titular, Natalio Mario Grinman. En la ocasión, se celebró un seminario que contó con la presencia de representantes del sector privado, funcionarios públicos y miembros del Consejo, que firmaron un compromiso para acrecentar acciones en contra del contrabando y otras modalidades de venta ilegal en la región. 

El seminario se inició con las palabras de bienvenida de Natalio Mario Grinman, quien se refirió a la larga historia de contrabando que existe en Argentina e indicó que “nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles”. En ese sentido, señaló que en los últimos años se notó un crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares. Sin embargo, destacó los esfuerzos de la actual administración para hacerle frente a esta problemática: “El Gobierno está tratando de dotarse de herramientas para tratar ese flagelo. Controlar una frontera tan grande no es fácil”.

Por último, dio cuenta de la importancia que cumple el Consejo a la hora de plantear estas problemáticas y acompañar a los gobiernos en el desarrollo de políticas públicas que impulsen el comercio lícito.

La agenda continuó con las palabras de Martín Ferlauto, secretario de Seguridad Nacional, quien indicó que el país se encuentra ante “un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo” y que “debemos comprender que hoy las economías criminales son cada vez más sofisticadas”, dado la relevancia de las redes criminales trasnacionales. 

En cuanto a la gravedad de este flagelo, señaló que “el ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico”. Por eso, afirmó que “se necesita una respuesta integrada”, por lo que desde su cartera “se está fortaleciendo el trabajo integrado con otros organismos”. Por último, detalló las medidas tomadas por el Gobierno para hacerle frente a esta problemática. 

“El compromiso de este Ministerio es seguir avanzando en combatir la criminalidad organizada, cuando protegemos el comercio legal protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores”, concluyó.

Políticas públicas contra el comercio ilícito

El primer panel de la jornada estuvo destinado a analizar políticas públicas contra el contrabando y fue moderado por Tamara Quiroga, asesora de la CAC, quien inició la charla detallando las consecuencias del comercio ilícito en la economía formal.

Fernando Martín Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, coincidió con el titular de la CAC en que el comercio ilícito tiene larga data y en que depende del gobierno de turno la importancia que le otorgue. Además, señaló que las políticas públicas necesitan ser realistas, tener continuidad y estar pensadas de manera federal, y que producto de la extensión de la Argentina requiere una articulación entre provincias. “El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país. Por eso, con la CAC tenemos contacto permanente, nos provee de información y novedades constantemente”, sostuvo. 

Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, analizó la problemática desde la perspectiva del organismo. En ese sentido, explicó que la Aduana trabaja sobre tres ejes: la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad, y el control del tráfico de mercaderías. Asimismo, señaló que esas acciones se enmarcan en los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía. 

Por último, Agustín Barcos, subsecretario de Gestión de Ordenamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que al asumir la gestión se encontraron con escenarios que no eran los que querían para Buenos Aires. Entre ellos indicó que había “barrios completos sitiados por cuadras de vendedores informales que afectaban a los comerciantes que hacen su actividad de manera lícita” y destacó que durante su gestión se pudieron “liberar más de 60 km de cuadras que antes estaban ocupadas por vendedores ilegales”. “Vamos a seguir trabajando con la mirada puesta en quienes deciden invertir en la ciudad”, concluyó.

La mirada del sector privado

El segundo panel reunió a representantes del sector privado, quienes compartieron el impacto que el comercio ilícito tiene sobre sus actividades y coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la articulación entre el Estado y las empresas para combatir esta problemática. La actividad fue moderada por Manuel Sánchez Gómez, director de la CAC y presidente de su Comisión de Comercio.

Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, destacó que se trata de una problemática de alcance global y afirmó que "el cigarrillo es el bien legal más contrabandeado". En ese sentido, señaló que en Latinoamérica se estima que tres de cada diez cigarrillos que se consumen son ilegales.

A su turno, Matías Noetinger, presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), advirtió sobre la magnitud económica del fenómeno al expresar que "el comercio ilegal ronda el 5% del PBI".

Desde la industria de la indumentaria, Francisco Morello, director de Legal & Compliance de adidas Argentina, se refirió al crecimiento de las falsificaciones y sostuvo que "la barrera de entrada es nula, hoy cualquiera puede vender". No obstante, remarcó que la compañía busca diferenciarse poniendo el foco en el valor de sus productos y en el diálogo con los consumidores.

Por su parte, María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales LAS de Lenovo/Motorola, abordó la situación del sector tecnológico y advirtió que actualmente "uno de cada tres celulares proviene del contrabando".

Las perspectivas sudamericanas 

En el último panel de la jornada, dedicado a escuchar las voces de los diversos países presentes,  Roberto Tadros, presidente de la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Brasil, señaló que la extensa frontera de su país facilita el accionar del crimen organizado y estimó que el comercio ilegal representa alrededor del 2% del PBI brasileño.

Posteriormente, Marcelo Barron, gerente general de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia (CNI), explicó que la amplia extensión de sus fronteras genera desafíos similares y sostuvo que en su país existe una "debilidad institucional" para enfrentar el contrabando, además de una naturalización de esta práctica. En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar en una agenda de trabajo común entre los países de la región.

A su turno, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), expresó su preocupación por la proliferación de "negocios fachada" en su país, tales como barberías que permanecen abiertas hasta altas horas de la noche.

Desde Perú, Silvia Ortega Hooker, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de esa entidad, afirmó que "uno de cada dos industriales se ve afectado por el comercio ilícito" y destacó que la asunción de un nuevo gobierno puede representar una oportunidad para presentar nuevas propuestas orientadas a combatir esta problemática.

Finalmente, Anabela Aldaz, vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), repasó las iniciativas impulsadas por ese país para enfrentar el contrabando que allí representa un 22%. Entre las medidas, destacó la creación de una Comisión de Lucha Contra el Contrabando dentro de la cámara que representa, que trabaja codo a codo con el sector público para combatir el informalismo.

Reunión de referentes en la CAC

Previo a la realización del seminario, durante la jornada anterior se reunieron en la CAC los referentes de las entidades miembros del Consejo de  Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. Allí, intercambiaron experiencias sobre las problemáticas y particularidades que presenta el comercio ilícito en cada uno de sus países y regiones, con el objetivo de fortalecer la cooperación y coordinar acciones conjuntas para combatir este fenómeno. Al finalizar el encuentro, se concretó el traspaso de la presidencia pro tempore desde la CAC a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú.

La actividad contó, por parte de la CAC participaron Rodrigo Perez Graziano, prosecretario II; Marcelo Elizondo, director y presidente de ICC Argentina; Carlos Restaino, director y presidente de la Comisión de Integración y Mercosur; Gonzalo de León, director institucional; Tamara Quiroga, asesora; Matías Bolis Wilson, economista jefe; y Pablo Aliperti y Federico Dell’Aquila, jefe y coordinador del Departamento de Comercio Interior, respectivamente. 

Declaración por el comercio lícito

Por último, los representantes de los países miembro firmaron una declaración  destinada a exigir “un combate firme de actividades ilegales como el contrabando, la piratería y la venta callejera informal, entre otras, que perjudican no solo a las empresas mercantiles e industriales que operan dentro de la ley, sino que también derraman sus perniciosos efectos sobre la sociedad en su conjunto, dado los potenciales perjuicios para los consumidores, la erosión de los ingresos fiscales y las vinculaciones existentes con bandas criminales”.

Se adjunta.

Para ver la transmisión del V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito ingrese aquí.