La CAC advierte sobre asimetrías y sanciones excesivas en el proyecto de Ley de Lobby

Ante el tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley que tiene como principal objetivo legitimar la actividad de gestión de intereses (conocido en el debate público como "Ley de Lobby"), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) considera oportuno efectuar algunas consideraciones al respecto.

La Entidad está convencida de la importancia de que exista transparencia en las peticiones y planteos que llevan a cabo los distintos actores sociales, políticos y económicos ante las autoridades, tanto en lo que refiere a la toma de decisiones ejecutivas como así también en la elaboración y sanción de leyes. Asimismo, sostiene que la publicidad de los actos de gobierno es un pilar fundamental del sistema republicano.

Sin perjuicio de lo anterior, la CAC considera que hay determinados aspectos de la iniciativa que deberían ser modificados, a saber: la imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público;  la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y PYMES, lo que implicaría su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores; y el establecimiento de sanciones penales, ante, por ejemplo, la falta de inscripción en el Registro de Gestores de Intereses.

En definitiva, el mayor control del “lobby” recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales, lo que a todas luces resulta desproporcionado.

La CAC aboga por que la bienvenida y necesaria transparencia en los asuntos públicos no se constituya a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado, principal generador de progreso económico y social de la nación; y sostiene que es indispensable alcanzar una ley equilibrada, con reglas claras y previsibles para todos los actores. En esta línea, la Entidad reafirma su compromiso de trabajar de forma articulada con el sector público, quedando a disposición de los legisladores para ampliar su posición.